Por: Marcelino Aparicio J.

 

Una vez más, un grupo de delincuentes, cual salteadores de camino a la usanza del mítico Floilán Alama, la emprende contra indefensos ciudadanos de Paita. La modalidad es siempre la misma: Un par de estas “sabandijas” sube al bus y a medio camino saca a relucir sus armas de fuego con las que intimidan al chofer y procede a desvalijar a los pasajeros, que –impotentes y con la rabia concentrada en los ojos- entregan sus pertenencias sin chistar. Adiós celulares, billeteras, relojes y cuanto tengan de valor. Los dueños de las empresas de transporte Paita – Piura conocen perfectamente el problema y no hacen nada para enfrentarlo. “¿Acaso son cómplices de estos bandidos?”, se pregunta más de un paiteño. La preocupación de los porteños es lógica porque en lo que va del año se han perpetrado más de cuatro de estas fechorías y hasta el momento nadie dice nada. (¿Esperan que maten a tiros a un desprotegido cristiano?) Todos callan y no hay responsables a la vista, mientras los delincuentes hacen de las suya. Con total impunidad y el rostro al descubierto, estas lacras de la sociedad la emprenden contra trabajadores, estudiantes y humildes amas de casa que utilizan cotidianamente la ruta Paita-Piura. Ni el alcalde, Alejandro Torres Vega, ni el jefe de la Policía Nacional, ni la gobernadora Zoila Fiestas, ni el Consejero Regional Orlando Bennel hacen algo para enfrentar este álgido problema. Todos guardan un preocupante silencio. (También cerraron la boca durante el despojo de parte del Gobierno Regional de las tierras de los campesinos de Viviate y La Huaca a favor de la transnacional Mapple; y eso que Trelles Lara se llevó 600 mil dólares a las arcas del GR y no dejó ni un cobre en Paita) ¿Están amenazados por la delincuencia? ¿Le tienen miedo a estos pillos? ¿Esperan que los ciudadanos se organicen para enfrentarlos? No lo sabemos. Se estima que en el 2006 ocurrieron siete de estos atracos, mientras que en el 2005 la cifra fue de ocho. Los daños económicos son cuantiosos, con el consiguiente deterioro para el turismo en el puerto. Ya nadie está seguro cuando viaja en esas unidades de transporte. Mientras las autoridades ediles-policiales-políticas-regionales se ponen de acuerdo en qué hacer; sería bueno que comiencen exigiendo a los propietarios de las empresas de transportes (Dora, Santistevan, Jimena y otras) que filmen a todos los pasajeros que suban a sus unidades, especialmente en horas de la noche como una medida disuasiva. Esto se practica desde hace algunos años en otras partes del país, de modo que no estamos descubriendo la pólvora. Además, no va a significar una “millonaria inversión”, ya que una cámara filmadora no pasa de 200 dólares, suma que bien vale la pena invertir a cambio de brindar seguridad a los sufridos clientes. Con esto, no vamos a derrotar a la delincuencia urbana, pero por lo menos tendremos un registro fílmico que será vital para identificar a estos “Atilas” del siglo XXI .