Tomado de La República 

Sereno. Rafael Rey no navega en aguas tranquilas. Las pesqueras cuestionan su gestión y Rey, fiel a su estilo, les responde.  Un comunicado de tres gremios de armadores pesqueros y un sindicato publicado en varios diarios encendió la chispa de un fuego cruzado entre el ministro de la Producción, Rafael Rey, y estos empresarios.

Y es que las decisiones que está tomando el Ministerio de la Producción en el manejo del sector pesquero encuentra la oposición de grupos de armadores, quienes lo acusan de desconocer la actividad y piden que el gobierno intervenga en la gestión de Rey.  Lo que ellos dicen “No van a conseguir doblarme la mano, no conseguirán permisos indebidos de pesca, no van a conseguir que no se impongan sanciones”, respondió Rey en entrevista concedida a tempranas horas de la mañana. 

Los armadores y el sindicato –autores del comunicado– acusan a Rey de desproteger a los pescadores que trabajan en empresas ‘vikingas’ (embarcaciones de madera). Esto –porque– el decreto supremo 003 solo obliga a los armadores de embarcaciones de acero a presentar una constancia de no adeudo a la Caja del Pescador (beneficios laborales) para poder zarpar, pero deja de lado a las embarcaciones de madera. Según el vocero de la Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, Fernán Altuve, el ministro de la Producción está alentando la discriminación al apoyar el hecho de que las empresas ‘vikingas’ no paguen beneficios sociales. 

A esta acusación, Rey respondió que las embarcaciones de madera de la ley 26920 nunca estuvieron obligados legalmente a aportar a la caja.  Sin embargo, dijo que hay dueños de embarcaciones de madera que sí pagan beneficios sociales y lo hacen por acuerdo directo. 

Jurel y caballa 

Otro punto de la controversia es el decreto 005 (en suspenso) sobre la quema de jurel y caballa para la harina de pescado. Según Altuve, este decreto debe ser derogado porque es impopular y beneficia a grandes grupos pesqueros que producen harina de pescado. Rey asegura que esta norma se hizo con la intención de que el pescado no apto para consumo humano se quemara hasta el 20%. “Como se interpretó mal, el decreto quedó en suspenso hasta que se actualice el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de jurel y caballa”, anotó Rey.  

Cifras 152 millones de soles es la deuda de los armadores a la Caja del Pescador. 9 mil personas trabajarían sin beneficios sociales en embarcaciones ‘vikingas’. Un punto adicional que genera malestar entre Rey y los armadores pesqueros son las medidas cautelares. Según la Asociación de Armadores Pesqueros de Chimbote, el ministro está acusando irresponsablemente a un conjunto de empresarios de acudir al Poder Judicial para evadir las leyes.

A su criterio, acuden al Poder Judicial en defensa de sus derechos injustamente vulnerados por el Produce.  A esta otra acusación, Rey contestó que nadie lo amilanará con recursos de amparo. “Están acostumbrados a que se haga lo que ellos dicen, utilizando la justicia indebidamente”, dijo. La semana pasada se reveló los nombres de las embarcaciones y empresas que recurrieron a recursos de amparo para permisos de pesca o para evitar ser sancionados.